Viernes 13 Diciembre 2019

Quedó instalada la Comisión Mixta de Escalafón del Congreso del Estado, órgano legal interinstitucional en el que se deliberará la asignación de plazas sindicalizadas que quedan vacantes en el poder.

Representantes sindicales y legisladores celebraron esta instalación ya que a través de este se dará transparencia y certeza laboral a los trabajares.

En sala de reuniones de la junta de gobierno y coordinación política se llevó a cabo la reunión de instalación, integrada por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, diputada Perla Flores Leyva, el secretario general de la sección de La Paz del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Desentralizadas de BCS (SUTSPEMIDBCS), Mauricio Higuera Castro, el delegado sindical, Francisco Morales Cota, el presidente de la comisión de cuenta, diputado Rigoberto Murillo Aguilar, la diputada Lorenia Montaño, quien será suplente de la presidenta en la comisión, el representante de la Directora de Finanzas, Francisca Covarrubias, quien fungirá como árbitro, el oficial Mayor, Rubén Atilio Perea de la Peña, el director de recursos humanos, Félix López Chinchillas, Daniel Manríquez, del sindicato de burócratas.

Entre las funciones de la comisión se enlistan: conocer vacantes por jubilación o se den de baja los trabajadores; boletinar las plazas en un plazo no mayor a 30 días que hayan quedado vacantes; emitir dictamen respectivo dentro de 30 días siguientes; resolver casos de inconformidad de trabajadores, entre otros.

El secretario general del sindicato burocrático, Mauricio Higuera celebró que se haya dado la instalación ya que brindará legalidad y transparencia a la asignación de plazas y los procesos de escalafón.

El delegado sindical en el poder legislativo, Francisco Morales Cota destacó que era importante esta instalación para privilegiar la transparencia, y señaló que hay situaciones que atender como el atender las necesidades de los trabajadores ya que no cuentan no herramientas adecuadas, ni medidas para prevención de accidentes.

El diputado Rigoberto Murillo dijo que es una preocupación de los legisladores, ya que desde que asumimos la legislatura, por diversas razones no se habían instalado comisiones, como la comisión mixta de seguridad e higiene.

Por su parte la diputada Perla Flores Leyva, destacó que es un gran paso el que están dando sindicato y congreso, ya que se dando transparencia a las bases y con esto, termina la asignación por “dedocracia”, si no que hoy las plazas y licencias serán concursadas y habrá más control.

En la reunión de instalación se acordó que el próximo lunes 16 de diciembre se instalará la comisión de seguridad e higiene.

 

Fue propuesta por la diputada Daniela Rubio para erradicar la problemática del ganado suelto, por lo que se crea el Consejo Estatal para la Prevención y Eliminación de la presencia de Ganado en vías de Comunicación Terrestre

  • Se añadieron propuestas de la SEPADA en mesas de trabajo

 

El Congreso del Estado reformó la Ley Ganadera para añadir un capítulo relativo a la conformación de un Consejo Estatal y consejos municipales encaminados a la prevención y eliminación de la presencia de ganado en vías de comunicación terrestre, lo anterior con la finalidad de dar solución a las problemáticas que genera el ganado suelto en carreteras como accidentes con saldos de vidas perdidas, daños en la infraestructura pública y privada.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la comisión de seguridad, diputada Daniela Rubio Avilés y el dictamen fue enriquecido con aportaciones de la Secretaria de Pesca, Acuacultura, Desarrollo Agropecuario con la que las comisiones dictaminadoras de comunicaciones y transportes y de seguridad pública, llevaron a cabo mesas de trabajo.

El Consejo Estatal para la Prevención y Eliminación de la presencia de Ganado en vías de Comunicación Terrestre, será el órgano interinstitucional que diseñará y coordinará las acciones para la prevención y atención de la presencia de ganado en las vías de comunicación terrestre del Estado; se integrará por un Presidente, que será el Procurador General de Justicia, un Secretario Técnico, que será el Secretario de Seguridad Pública Estatal, un Secretario, que será el Secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario así como los Secretarios de Salud, de Turismo, de Planeación Urbana, representantes de SADER, SCT, Policía Federal, las comisiones de seguridad pública, asuntos agropecuarios, comunicaciones y transporte del Congreso del Estado así como de la Unión Ganadera Regional, Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y los presidentes de los Consejos Municipales para la prevención de la presencia de ganado en vías de comunicación.

También se hicieron reformas a la Ley Ganadera en materia de sanidad pecuaria de movilización de ganado y de las atribuciones que tienen diversas autoridades estatales y municipales en materia ganadera.

El dictamen fue aprobado en lo general con el aval de todos los legisladores y con la intervención a favor de los diputados Carlos Van Wormer Ruiz, quien felicitó el trabajo del dictamen, ya que el ganado suelto representa un peligro para turistas que visitan a Baja California Sur vía terrestre, ya que se han suscitado accidentes de turistas a causa del ganado suelto.

La diputada Soledad Saldaña, presidenta de la comisión de asuntos agropecuarios destacó la reforma ya que la anterior ley data de décadas en la que no fue reformada y que con la actual se fortalece y actualiza el marco normativo en beneficio del sector.

Homero González Medrano, también se sumó al reconocimiento, dijo que se una nueva estructuración que conjuga a distintas dependencias y que a través del consejo las va movilizar a favor del sector primario en la entidad.

Por su parte el diputado José Luis Perpuli destacó la unidad de los integrantes del Poder Legislativo sudcaliforniano, para aprobar esta reforma y celebro la aprobación unánime ya que la reforma también permitirá también mejorar la calidad de los productos sudcalifornianos.

  • Comparecieron en sesión extraordinaria los titulares de la SEFIN, Isidro Jordán, Procuraduría de Justicia, Daniel de La Rosa y SEGOB, Álvaro de La Peña

 

Con las comparecencias de los titulares de la secretaria de finanzas, de la procuraduría de justicia y de la secretaria general, el Congreso del Estado culminó con la glosa del cuarto informe del gobierno del estado, la presidenta de la mesa directiva, diputada Daniela Rubio Avilés consideró que se cumplieron con las expectativas del ejercicio, destacando la suscripción de acuerdos entre diputados y secretarios para dar seguimiento a temas y asuntos, sugerencias, exhortos para el ejercicio 2020.

La legisladora puntualizó que en el desahogo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, las diputadas y diputados de la décimo quinta legislatura tuvieron la oportunidad de realizar los cuestionamientos, disipar sus dudas respecto al cuarto informe de gobierno y que fueron contestados por los secretarios de estado, procurador y contralora.

Este miércoles en sesión extraordinaria comparecieron el secretario de finanzas, Isidro Jordán Moyrón, quien fue cuestionado sobre la aplicación de la ampliación del presupuesto 2019, la aplicación de recursos federales, de programas federales, de la constitución del fondo estatal para la atención a víctimas de desaparición forzada, de la ejecución de la nueva ley de Remuneraciones de servidores públicos reducción de sueldos y salarios a funcionarios  estatales, entre otros.

En su turno el procurador de justicia fue cuestionado sobre resultados en la entidad del nuevo sistema de justicia penal en el estado, comportamiento de incidencia delictiva, las acciones de prevención del delito por zona, los refugios para mujeres violentadas, entre otros.

Finalizó la ronda con la presencia del titular de la secretaria general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, quien describió el estado de la política interna del gobierno estatal y coordinación con el gobierno federal, índices económicos y sociales. Fue interrogado sobre las acciones a favor de las comunidades indígenas, inseguridad, la ley de movilidad, coordinación política, salud, polígonos de violencia, entre otros asuntos.

El proyecto de generación de energía se construirá en 2020

Fue aprobada la solicitud presentada por el gobernador del Estado para que el gobierno estatal lleve a cabo un contrato de servidumbre de paso con una persona moral, el cual es necesario para el desarrollo del proyecto de  una planta de gas natural que se construirá en el 2020 en un predio ubicado en Pichilingue, propiedad del Estado.

La solicitud del ejecutivo estatal al Poder Legislativo planteó la necesidad de impulsar proyectos de generación de energías limpias, como alternativa para satisfacer la demanda de energía en la entidad, reducir la emisión de contaminantes y reducir costos de energía eléctrica a los usuarios.

Expone en su solicitud que para dicho proyecto es necesario el tendido de un cable de transmisión de energía eléctrica que llegará hasta la planta generadora de Punta Prieta, y la ruta de dicho cable, cruza una parte por un predio propiedad del Estado, por lo que se requiere el otorgamiento de una servidumbre de paso.

Dicho contrato de servidumbre de paso se celebrará con la empresa Amaunet, S. de R.L. de C.V., y también revela el titular del gobierno estatal, que se pondrá en marcha una central privada de energía eléctrica de 100 mega watts, con la cual se ampliará la capacidad de generación en el Estado.

La comisión de asuntos fiscales emitió el dictamen correspondiente, su presidente, diputado Ramiro Ruiz Flores, manifestó que se trata de un proyecto que beneficiará a los sudcalifornianos con la reducción de costos y fuentes de empleo así como al medio ambiente, por lo que el dictamen fue favorable.

  • Fue aprobada por unanimidad la legislación que norma y ordena el servicio público y privado de ambulancias, el cual no existía
  • Crea el Centro Regulatorio de Servicios de Urgencias, Emergencias y Atención Médica Pre-hospitalaria (CRUM) y el Sistema Estatal de Servicios de Urgencias y Emergencias Médicas

 

Baja California Sur cuenta con una nueva Ley de Atención Prehospitalaria, con la que se ordenará y coordinarán los servicios de ambulancias que prestan las instituciones médicas públicas y privadas, se armonizan con la  norma oficial mexicana NOM-034-SSA3-2014; paralelamente se aprobó una propuesta ciudadana de reforma a la Ley de Salud estatal para incluir este servicio como una obligación del Estado.

La noche del martes, los integrantes del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobaron por unanimidad esta nueva ley propuesta por el presidente de la comisión permanente de salud, diputado Humberto Arce Cordero y la propuesta del ciudadano Gaudencio González Cota.

La nueva ley de atención prehospitalaria para el estado determina las competencias para la coordinación de los servicios, la vigilancia y en su caso sanciones en caso de incumplimiento de servicios de atención prestado por ambulancias a las que se sujetan, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos, entre otras, ya que no existía un sistema de urgencias responsable de coordinar las acciones interinstitucionales que se deben llevar a cabo en situaciones de emergencias, contingencias y desastres.

En la legislación se crea el Centro Regulatorio de Servicios de Urgencias, Emergencias y Atención Médica Pre-hospitalaria (CRUM), como la instancia técnico-médico-administrativa responsable de la Secretaría de Salud Estatal, que establecerá la secuencia de las actividades específicas para la atención médica pre-hospitalaria, en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención médica, designado con la finalidad de brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año.

Crea el Sistema Estatal de Servicios de Urgencias y Emergencias Médicas para el Estado, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, siendo la Secretaria de Salud la coordinadora del mismo, con participación ciudadana, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos objetivos pretenden la regulación y profesionalización de la atención prehospitalaria de urgencias y emergencias.

Para el decreto de la nueva ley, el poder legislativo contempló un impacto presupuestal anual de 15 millones 742 mil 922.51 pesos para servicios personales, gasto corriente e inversión inicial en mobiliario, ya previsto en el presupuesto estatal del ejercicio 2020.

La ley consta de 136 artículos, y fue integrada con la participación de los cuerpos de bomberos, protección civil, prestadores de servicios prehospitalarios de los municipios de Los Cabos, Comondú, La Paz, la Secretaría de Salud y del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) durante 4 foros realizados en diferentes municipios.

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