Lunes 1 Junio 2020
  • Será entre el 1 y 15 de junio para las diferentes áreas
  • La sala de sesiones José María Morelos y Pavón y la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua quedan restringidas a personas distintas a diputadas y diputados en funciones y personal de asesoría y de apoyo

 

Este viernes 29 de abril la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado dio a conocer el reingreso a labores en el Poder Legislativo en el periodo del lunes1 al 15 de junio, de manera escalonada para las diferentes áreas, preservando la sana distancia.

Mediante una circular alcance a las circulares del 17 de marzo, 15 y 24 de abril, se informó de manera oficial el regreso a labores, así como que la sala de sesiones José María Morelos y Pavón y la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua quedan restringidas a personas distintas a diputadas y diputados en funciones y personal de asesoría y de apoyo.

La reincorporación laboral será de la siguiente manera: el personal de apoyo parlamentario que incluye las áreas de diario de los debates y corrección y estilo, seguirán realizando el trabajo desde casa.

Videoteca y audioteca, se presentarán únicamente para el trabajo que se lleve a cabo en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón, es decir los días de sesiones martes, jueves o cuando se convoque  a sesión extraordinaria.

El personal de apoyo que tenga como función específica audio y video, se presentarán el día y hora que la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua sea utilizada para reuniones programadas.

Secretarias y secretarios solo se presentarán los días de sesiones ordinarias o extraordinarias en su caso, en tanto que el personal secretarial y auxiliar administrativo únicamente la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Oficialía Mayor se presentará en horario habitual de lunes a viernes.

El personal de la dirección de finanzas asistirá previa convocatoria antes de la quincena a fin de efectuar el trabajo propio para los pagos.

En lo que se refiere al departamento de servicios generales, el personal de jardinería y de intendencia, se sujetarán a un rol semanal que les será notificado mediante la jefatura de área; el personal de vigilancia continuará sujetos a las disposiciones del departamento de servicios generales.

La circular signada por la presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones, diputada Mercedes Maciel y el Presidente de la JUGOCOPO, Dr. Humberto Arce Cordero, reiteró que en acato al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el resguardo domiciliario se seguirá aplicando a las personas mayores de 60 años, embarazadas o en puerperio, con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca, pulmonar, crónica, inmunopresión, insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial, como la función legislativa.

 

 

  • Se trata de reformas y adiciones a las Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, Electoral, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal para el Estado de BCS en armonía con el decreto del 13 de abril en el DOF,  donde tipifica a la VPMRG como materia federal
  • Deroga el artículo referente en el Código Penal puesto que a partir de este decreto, la VPMRG es materia federal, lo que implica un logro al contar con más herramientas orientadas a prevenir evitar y sancionar este problema que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres

En sesión extraordinaria del jueves 28 de mayo, el Pleno de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas a diversas leyes y ordenamientos en los que quedó tipificado y homologada la violencia política en razón de género en la Constitución estatal, la Ley a una vida libre de violencia, Ley Electoral y Código Penal de Baja California Sur.

El objetivo  es que dar la certeza a las mujeres que ostenten un cargo público, incluso en los de elección popular, desde que son candidatas, para que desarrollen sus funciones con libertad y sin ningún tipo de coacción para desempeñarlo, expresó la diputada Rosalba Rodríguez López, presidenta de la comisión de equidad de género en la cámara local.

La reforma que modificó la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, la Ley Electoral, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal para el Estado, se armonizan con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del presente año.

Mediante esta reforma quedó homologado el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) como lo establece el referido decreto: “Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Con las reformas se tipifica también como violencia política en razón de género, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política; ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios y prestaciones, obligarla mediante presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.

En la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, establece los casos de responsabilidad de violencia, incluso a través de un tercero.

En la Ley electoral fortalece las atribuciones del Instituto Estatal Electoral para hacer respetar la paridad de género  y prevenir la violencia política.

Deroga el artículo 390 del Código Penal estatal para eliminar la violencia política, ya que ya está plasmada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por lo que a partir del decreto del 13 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación, la VPMRG es materia federal, lo que implica un logro al contar con más herramientas orientadas a prevenir evitar y sancionar este problema que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

El dictamen de las comisiones de equidad de género y asuntos políticos fue aprobado con veinte votos a favor y una abstención.

Comisiones de la salud, asuntos comerciales y de ciencia y tecnología presididos por los diputados Humberto Arce, Carlos José Van Wormer y Amalia Camacho respectivamente presentaron una proposición con punto de acuerdo, derivado de las demandas de cámaras empresariales, colegios de profesionistas y en general de la IP, quienes han revelado la pérdida de más de 14 mil empleos a raíz de la medida quédate en casa por el COVID-19.

 

Para evitar el cierre de más empresas y pérdidas de empleos, la XV legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur llamó al Gobernador del Estado, a determinar una estrategia ordenada para el restablecimiento de todas las actividades económicas en la entidad, acorde con las disposiciones de la autoridad federal.

Las comisiones de la salud, de asuntos comerciales y turísticos y de ciencia y tecnología presididos por los diputados Humberto Arce Cordero, Carlos José Van Wormer Ruiz y Amalia Camacho Álvarez respectivamente manifestaron mediante una proposición con punto de acuerdo, el sentir de los sectores productivos de la entidad organizados en cámaras empresariales, colegios de profesionistas y en general de la iniciativa privada, quienes han revelado la pérdida de más de 14 mil empleos a raíz de la medida quédate en casa por el COVID-19.

Aunque el Ejecutivo anunció la reanudación del sector de la construcción y sus relacionados, el exhorto legislativo precisa que el ejecutivo al seno del Comité Estatal de Seguridad en Salud en el Estado, defina los plazos y gradualidades que habrán de seguirse por parte de los distintos sectores económicos y que de una vez se autorice la apertura de restaurantes y empresas con los protocoles establecidos por las secretarias de salud federal y estatal.

En la entidad se han perdido más de 14 mil empleos y la iniciativa privada compromete su responsabilidad para cumplir con los protocolos de la Secretaria de Salud federal y estatal, las empresas cuentan con los mismos, y están dispuestos que a quienes no cumplan se les apliquen sanciones, lo urgente es no perder más empleos, advirtió la diputada Amalia Camacho Álvarez al solicitar que se incluya al sector restaurantero a la apertura y el malecón de La Paz, ya que 5 restaurantes ya han quebrado.

La proposición recibió las manifestaciones y aportaciones a favor de los diputados Esteban Ojeda, Marcelo Armenta, quien solicito el gobierno estatal informe de las medidas, Carlos Van Wormer Ruiz y Soledad Saldaña, quienes solicitaron que se incluya en el exhorto a los ayuntamientos, y Rocio Ventura quien precisó que se definan las medidas puntuales en los protocolos de higiene y salud.

  • La Diputada Milena Quiroga acompañada de autoridades federales y estatales recorrieron puntos críticos por corridas de agua de lluvia

 

Con la finalidad de identificar puntos de conflicto durante la temporada de lluvias que recientemente ha iniciado en Baja California Sur, la diputada Milena Quiroga Romero, presidenta de la comisión permanente del agua en el Congreso de Baja California Sur, recorrió diversos arroyos de la ciudad de La Paz, con funcionarios estatales y federales, además de vecinos de colonias aledañas a estos puntos de riesgo.

“Estamos mostrando a las autoridades los puntos que preocupan a los ciudadanos durante la temporada de lluvias, son al menos 5 sitios críticos en los que se debe poner especial atención, ya que año con año se presentan percances que afectan a las familias” comentó.

Durante el recorrido se plantearon diversas acciones a implementar en distintos plazos, que requerirán de la cooperación interinstitucional de la CONAGUA, la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Planeación Urbana, cuyos titulares acordaron trabajar en conjunto para dar solución.

Quiroga Romero, agradeció la atención de los directores y representantes de los gobiernos estatal y federal, además comentó que, en las siguientes semanas y antes de que algún fenómeno meteorológico alcance la capital del estado, “se realizarán estudios en algunos arroyos y en otros, se implementarán acciones preventivas como limpiezas y señalización para evitar que por la corrida de agua, se presente algún percance que pueda causar afectaciones a los ciudadanos, concluyó.

Será un instrumento de certeza de la propiedad para los Municipios y garantizara que los ciudadanos sepan y conozcan que bienes inmuebles constituyen el patrimonio inmobiliario de su municipio, lo que genera certidumbre para su defensa y protección

 

Ante la necesidad de que los Ayuntamientos cuenten con un padrón de la propiedad inmobiliaria municipal para tener control en este rubro y la ciudadanía conozca qué bienes inmuebles conforman la propiedad municipal, la diputada Milena Paola Quiroga Romero, presentó una iniciativa con proyecto de decreto donde propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley orgánica municipal.

En su exposición de motivos la legisladora adujo que el padrón inmobiliario será un instrumento de certeza de la propiedad para los municipios y garantizará que los ciudadanos sepan y conozcan que bienes inmuebles constituyen el patrimonio inmobiliario de su municipio, lo que genera certidumbre para su defensa y protección.

La integración y conformación de este padrón, será responsabilidad de la Sindicatura Municipal con el auxilio de la Oficialía Mayor, Dirección de Catastro y demás dependencias municipales y la información deberá ser pública y difundida en la página de internet del Municipio.

La propuesta de la representante popular, es por la posible venta de bienes inmuebles de propiedad pública municipal en diversos municipios del Estado del Estado, para sanear las finanzas, frente a los retos económicos que enfrentan por la pandemia del COVID-19 y porque diversas ciudadanas y ciudadanos le han manifestado su preocupación por esta medida anunciada concretamente por  el alcalde de La Paz.

 “Si bien es cierto, pueden de momento dar un respiro financiero a las finanzas municipales, también se genera un detrimento en la propiedad inmobiliaria municipal” expresó Quiroga Romero.

Además, la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, si bien es cierto, se prevé un procedimiento para la enajenación de bienes de dominio privado de los municipios, no existe claridad en dicho ordenamiento para llevar a cabo la desafectación de los bienes inmuebles de dominio público y que este fuera de manera justificada.

“No se cuenta con un inventario público que se pueda checar y que siempre se tiene que hacer mediante solicitudes de información o peticiones descansadas en el derecho de petición, considerando que para la transparencia y la debida rendición de cuentas era necesario que la ciudadanía conozca cual es el patrimonio inmobiliario municipal, ya que así, puede constituirse en observador y vigilante del mismo.

Esta iniciativa con proyecto de decreto, presentada la mañana de este martes, implica modificar el artículo 160 y se adicionan un artículo 161 Bis, los artículos 176 Bis, 176 Ter, 176 Quáter, 176 Quinquies y 176 Sexies, todos de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

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